Por Facundo Cornejo - Miércoles 22 de agosto de 2007
Luego de convertir en ley el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el Senado aprobó por unanimidad la modificación del artículo 7 de la denominada "ley Cafiero" -que limita la autonomía de la Capital- para permitirle a la Ciudad de Buenos Aires contar con su propia Policía, pero sin transferirle los fondos para el funcionamiento.
El proyecto no pasó por la Comisión de Asuntos Municipales, ya que el reglamento de la Cámara de Senadores establece expresamente que no puede tratar "materias de la ley que garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación". En consecuencia, era tratado sobre tablas y se esperaba que su tratamiento fuera rápido.
El traspaso policial fue tratado dos semanas atrás en la Cámara Baja, en un debate con posturas encontradas, ya que tanto diputados del interior como porteños se sacaron chispas en relación a los fondos de la transferencia de la fuerza. Y el macrismo terminó por aceptar que la reforma al artículo 7 de la denominada "Ley Cafiero" incluya la posibilidad de tener Policía propia, más allá de que no se trasladen los recursos, estimados en unos 900 millones de pesos para el mantenimiento de la estructura -cuestión que es resistida por las provincias, ya que cada una de ellas la mantiene con su propio presupuesto-. Hubo 146 votos a favor y 12 en contra (9 del ARI y 3 del socialismo).
"Esto no es lo mejor, pero es un avance", sostuvo el presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. Por otro lado, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó que "lo que se aprobó es lo que habían acordado Macri y Kirchner, que se le iba a dar a la Ciudad la posbilidad de tener Policía propia", pero que el tema de los fondos "se debatirá en otro momento".
Con el margen de acción que le dejará la reforma de la Ley Cafiero, el futuro gobierno de Mauricio Macri creará una policía contravencional y de tránsito que será solventada por la Ciudad. Se trata de una fuerza de 2.000 agentes, que demandaría un gasto de 300 millones de pesos anuales, 170 que iban para la Policía Comunitaria (los "chalecos naranja") que dependen de la Federal y 130 restantes mediante la aprobación de la Legislatura de una partida presupuestaria.
La semana anterior, el ministro de Gobierno de la gestión de Jorge Telerman, Diego Gorgal, señaló: "Que la Ciudad sea totalmente autónoma va a beneficiarla. No sólo a la Capital sino también a la Nación". Y recalcó: "Es positivo tener todos los instrumentos necesarios para diagramar una política de seguridad" entre los que enumeró la posibilidad de contar con un cuerpo policial propio y con un Poder Judicial autónomo.
La polémica por la autonomía porteña estalló en plena campaña electoral para la jefatura de Gobierno en base al reclamo que, según todas las encuestas, hacían los porteños: la falta de seguridad. Macri dijo que había que derogar la Ley Cafierfo, Telerman llamó a una consulta popular y hasta Daniel Filmus se mostró a favor del tratamiento en el Congreso. Ni bien Macri se aseguró el triunfo, pidió una audiencia con Néstor Kirchner. Según el líder del PRO -el único que habló tras el encuentro- el Presidente se comprometió a derogar la ley "antes del 15 de agosto". Pero la pelea de fondo es por el presupuesto. Para los macristas el traspaso de fondos "está en la Constitución", pero en el oficialismo dicen que afectaría la coparticipación.
Y en medio de la pelea, el Gobierno de la ciudad difundió una encuesta de victimización realizada a 23.958 porteños mayores de 15 años, entre el 1º de febrero y el 30 de mayo de este año en base a las quince comunas de la ciudad, y reveló que el 80 por ciento considera que la inseguridad es un "problema scentral". En tanto que 7 de cada 10 creen vivir en un barrio inseguro. Y el 40% además cree que su zona empeoró en el último año. Además, sólo 3 de cada 10 consideran positiva la forma en que la Policía controla el delito en su barrio (el 18,4 por ciento bastante mal y el 9,9 muy mal). Se trata de cifras que llevan a pensar sobre la efectividad de un cuerpo de 53 comisarías, 10.600 agentes y vehículos, estructura que no refleja una merma en los delitos.
Luego de convertir en ley el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el Senado aprobó por unanimidad la modificación del artículo 7 de la denominada "ley Cafiero" -que limita la autonomía de la Capital- para permitirle a la Ciudad de Buenos Aires contar con su propia Policía, pero sin transferirle los fondos para el funcionamiento.
El proyecto no pasó por la Comisión de Asuntos Municipales, ya que el reglamento de la Cámara de Senadores establece expresamente que no puede tratar "materias de la ley que garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación". En consecuencia, era tratado sobre tablas y se esperaba que su tratamiento fuera rápido.
El traspaso policial fue tratado dos semanas atrás en la Cámara Baja, en un debate con posturas encontradas, ya que tanto diputados del interior como porteños se sacaron chispas en relación a los fondos de la transferencia de la fuerza. Y el macrismo terminó por aceptar que la reforma al artículo 7 de la denominada "Ley Cafiero" incluya la posibilidad de tener Policía propia, más allá de que no se trasladen los recursos, estimados en unos 900 millones de pesos para el mantenimiento de la estructura -cuestión que es resistida por las provincias, ya que cada una de ellas la mantiene con su propio presupuesto-. Hubo 146 votos a favor y 12 en contra (9 del ARI y 3 del socialismo).
"Esto no es lo mejor, pero es un avance", sostuvo el presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. Por otro lado, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó que "lo que se aprobó es lo que habían acordado Macri y Kirchner, que se le iba a dar a la Ciudad la posbilidad de tener Policía propia", pero que el tema de los fondos "se debatirá en otro momento".
Con el margen de acción que le dejará la reforma de la Ley Cafiero, el futuro gobierno de Mauricio Macri creará una policía contravencional y de tránsito que será solventada por la Ciudad. Se trata de una fuerza de 2.000 agentes, que demandaría un gasto de 300 millones de pesos anuales, 170 que iban para la Policía Comunitaria (los "chalecos naranja") que dependen de la Federal y 130 restantes mediante la aprobación de la Legislatura de una partida presupuestaria.
La semana anterior, el ministro de Gobierno de la gestión de Jorge Telerman, Diego Gorgal, señaló: "Que la Ciudad sea totalmente autónoma va a beneficiarla. No sólo a la Capital sino también a la Nación". Y recalcó: "Es positivo tener todos los instrumentos necesarios para diagramar una política de seguridad" entre los que enumeró la posibilidad de contar con un cuerpo policial propio y con un Poder Judicial autónomo.
La polémica por la autonomía porteña estalló en plena campaña electoral para la jefatura de Gobierno en base al reclamo que, según todas las encuestas, hacían los porteños: la falta de seguridad. Macri dijo que había que derogar la Ley Cafierfo, Telerman llamó a una consulta popular y hasta Daniel Filmus se mostró a favor del tratamiento en el Congreso. Ni bien Macri se aseguró el triunfo, pidió una audiencia con Néstor Kirchner. Según el líder del PRO -el único que habló tras el encuentro- el Presidente se comprometió a derogar la ley "antes del 15 de agosto". Pero la pelea de fondo es por el presupuesto. Para los macristas el traspaso de fondos "está en la Constitución", pero en el oficialismo dicen que afectaría la coparticipación.
Y en medio de la pelea, el Gobierno de la ciudad difundió una encuesta de victimización realizada a 23.958 porteños mayores de 15 años, entre el 1º de febrero y el 30 de mayo de este año en base a las quince comunas de la ciudad, y reveló que el 80 por ciento considera que la inseguridad es un "problema scentral". En tanto que 7 de cada 10 creen vivir en un barrio inseguro. Y el 40% además cree que su zona empeoró en el último año. Además, sólo 3 de cada 10 consideran positiva la forma en que la Policía controla el delito en su barrio (el 18,4 por ciento bastante mal y el 9,9 muy mal). Se trata de cifras que llevan a pensar sobre la efectividad de un cuerpo de 53 comisarías, 10.600 agentes y vehículos, estructura que no refleja una merma en los delitos.
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