Tras los incidentes, el macrismo negó que quiera echar a los cartoneros de las calles

Por Facundo Cornejo - Domingo 24 de febrero de 2008

El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, admitió que el desalojo de los cartoneros que se habían asentado en La Pampa y las vías de la línea Mitre fue ordenado por la Comuna. Pero negó que la gestión de Mauricio Macri quiera sacarlos de las calles, al argumentar que el Gobierno "apoya" y busca "fortalecer" a estos trabajadores. Sin embargo, el legislador del PRO-Recrear, Marcelo Meis, presentó un proyecto de ley para impedir que los recicladores entren a la Ciudad.

Piccardo explicó que el desalojo del viernes fue a partir de una "instrucción" de la fiscal Marcela Solano y luego por "una resolución firmada por el ministerio donde se determinó que las condiciones en ese lugar eran de total inseguridad". En un principio, desde la cartera no se habían responsabilizado por la orden que dio origen al operativo.

Asimismo, el funcionario defendió la postura adoptada por la Comuna ya que señaló haber tenido varias reuniones para encontrar soluciones con los cartoneros que se habían asentado en Belgrano en protesta de la suspensión del servicio del Tren Blanco. "Treinta veces nos hemos juntado con esta gente, y la verdad es que están en una posición totalmente extrema y radicalizada, sin capacidad de darnos ningún margen. Les hemos ofrecido camiones, predios, todo para resolver esta situación porque la condición de vida en ese lugar era totalmente anormal", comentó Piccardo a radio Mitre.

Respecto del operativo, el titular de Ambiente opinó que "la policía actuó bien y no tenía armas. Forcejeos hubo con las personas que se oponían al desalojo". A su vez, agregó: "Tenemos un fuerte compromiso con el respeto y la no ocupación del espacio público".

Además, destacó que en la gestión de Mauricio Macri se está "conciliando el justo reclamo de los cartoneros que apoyamos y le estamos dando apoyo, logística, equipos, maquinarias y dinero en muchas áreas de cooperativas".

Piccardo negó que se busque sacar a los cartoneros de las calles. No obstante, el legislador Marcelo Meis, de PRO-Recrear, presentó el viernes un proyecto en la Legislatura para que en "un plazo máximo de dos años se ponga fin" a la actividad, y "la norma implicará mantener la ciudad más limpia y evitar problemas de inseguridad y drogadicción que se esconden detrás de los recolectores callejeros”. La presentación le valió críticas desde varios sectores de la oposición.

Por otra parte, los cartoneros desalojados marcharon en protesta por la violencia policial y para que les devuelvan los carritos que fueron decomisados en el operativo. También asistieron al reclamo un grupo de vecinos de Belgrano y barrios aledaños, entre ellos Alejandro Tiscorinia, quien fue detenido junto con los recicladores en el desalojo, y comentó que "más allá del golpe psíquico que fue estar detenido, los que en verdad la están pasando mal son los cartoneros, a quienes les sacaron el tren y ahora sus herramientas de trabajo". Ayer permanecían detenidos dos cartoneros en la comisaría 33º, con antecedentes por robo.

Este conflicto entre el gobierno porteño y los cartoneros llevó a que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) le solicitara un informe al macrismo. Según informó María José Lubertino, titular de la entidad, "el desalojo es un tema grave porque la Ciudad es firmante de un tratado contra la discriminación, la xenofobia y el racismo".

Por lo pronto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y las cooperativas de cartoneros rompieron relaciones con la Comuna, según señalaron en un comunicado.

Incidentes, detenidos y cruce entre la Comuna y la Justicia por un desalojo de cartoneros en Belgrano

Por Facundo Cornejo - Sábado 23 de febrero de 2008

El Gobierno porteño desalojó ayer entre forcejeos y golpes a un grupo de cartoneros que se había asentado en un terreno de La Pampa y las vías del ferrocarril Mitre -en el barrio de Belgrano-, desde que dejó de funcionar el Tren Blanco. La Policía detuvo a nueve personas y se llevó los carritos y cartones en varios camiones dispuestos por la Comuna, en el operativo que el macrismo había comunicado en un principio que se llevó a cabo por una orden judicial, pero luego se supo que partió de una disposición administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Además, la empresa concesionaria TBA ratificó que no reestablecerá el servicio, más allá de una resolución de la Justicia que había dictaminado lo contrario.

Ni bien amanecía en la Ciudad, funcionarios del ministerio de Ambiente y Espacio Público, la Policía y la Guardia de Infantería llegaron al terreno con una orden de desalojo firmada por el jefe de Gabinete del Ministerio, Fabián Rodríguez Simón, pero los cartoneros la rechazaron por dudar de su validez. En consecuencia, comenzaron los forjeceos e incidentes. Y hubo nueve detenidos por “resistencia a la autoridad”, entre ellos un vecino de Saavedra que se había opuesto al operativo. A media mañana el lugar quedó vallado y con presencia policial.

“El espacio público no se negocia”, aseveró el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, en relación con la política de recuperación de los terrenos ocupados por los recicladores. Días atrás, el Gobierno y los catoneros negociaron y consiguió que se levantaran los asentamientos del Parque Tres de Febrero -cerca del Hipódromo de Palermo-, la plaza Noruega, el de Cochabamba y Eduardo Madero y el de avenida Libertador y General Paz.

Sobre el desalojo realizado ayer, Piccardo expuso que “el asentamiento estaba provocando problemas de higiene y seguridad por la presencia de material inflamable, que había causado mucha preocupación en los vecinos de la zona”. Asimismo, consideró que el operativo fue “impecable”, lo que le valió el repudio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el ARI y agrupaciones de cartoneros.

Por otra parte, hubo un cruce entre el Gobierno porteño y la Fiscalía Contravencional nº 3, ya que la Comuna informó que el desalojo se concretó mediante una orden librada por la fiscal Marcela Solano, pero esto fue negado por la entidad judicial. A raíz del entredicho, la Defensoría General de la Ciudad presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que ratifique o rectifique la autoridad que ordenó el operativo. Y el abogado de los recicladores, Gastón Sánchez, negó que “la orden fuera legal”, a la vez que dijo “desconocer que hubiese provenido de la Justicia”.

“Los cartoneros fueron víctimas de un operativo represivo ilegal y que los responsables de la agresión cometida contra los recicladores recibirán las consecuencias jurídicas que se merecen. La policía actuó en base a un decreto administrativo que no estaba suscripto por los funcionarios correspondientes y no se había emitido la notificación a las partes, requerida por ley para estos casos”, señaló Sánchez.

Por la tarde, un grupo de cartoneros y vecinos reclamaron frente a la comisaría 33, en Mendoza 2263, por la pronta liberación de los detenidos, de los cuales dos son menores de edad.

Además, en repudio al operativo y en solidaridad con los desalojados y detenidos y en repudio al operativo, los cartoneros realizarán hoy una marcha a las 11.30, con punto de partida en La Pampa y la vía.

El Tren Blanco era un servicio gratuito que brindaba la empresa TBA en los ferrocarriles Sarmiento y Mitre para que los cartoneros pudieran volver a sus casas, en el Conurbano bonaerense, todos los días con las mercaderías que levantaban en la Capital, pero dejó de funcionar en diciembre pasado.

El encargado de negociar con los cartoneros, la primera baja del gobierno de Macri

El director general de Reciclado porteño, Pablo Fornieles, se convirtió en la primera baja de la administración Macri. Si bien argumentó que su alejamiento se debe a motivos personales, otras versiones dan cuenta que de que había negociado la contratación de más camiones por el reemplazo del Tren Blanco, algo que no había sido bien recibido por la Comuna.

Según informó el diario Clarín en su edición de ayer, Fornieles era el encargado del diálogo con los cartoneros. En base a la versión que circuló, su renuncía se debía a que la promesa de incorporar más camiones cayó mal a su superior, el subsecretario de Higiene Urbana, Gustavo Grasso. Pero Fornieles señaló que “no tiene nada que ver con la política hacia los cartoneros, ni con diferencias con nadie”.

Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público -de quien dependen Grasso y Fornieles-, comentó que “estamos haciendo esfuerzos para retener a Fornieles porque hizo un muy buen trabajo”.

La Cámara de Apelaciones avaló la intervención de la obra social porteña

Por Facundo Cornejo - Miércoles 20 de febrero de 2008

En una decisión unánime, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo avaló el recurso presentado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para que el interventor, Jorge Rey, pueda manejar la administración interna de la obra social de los municipales porteños (ObSBA). Pero el gremio dijo que apelará la resolución.

El fallo de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo -dispuesto por los jueces Eduardo Angel Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro-, al que tuvo acceso la agencia DyN, señalaba que la intervención de la obra social de los municipales no parece un acto “irrazonable o ilegítimo” frente a una “actitud obstructiva” por parte de sus autoridades, en relación con las demandas de afiliados que quisieron cambiar de cobertura.

Esta resolución dejó satisfecho a Macri, que ayer al visitar la zona del incendio de un depósito de cotillón en el barrio de Balvanera dijo que su gobierno está “muy contento de que la Justicia haya avalado” la intervención, que permitirá que los empleados de la capital “tengan una obra social digna”.

La Comuna recurrió a la Cámara tras dos fallos en contra de la intervención por parte de la jueza Elena de Liberatori. En enero había resuelto que Rey tenía atribuciones en la desregulación y reorganización, pero no en la administración interna de la obra social. A su vez, ordenó que se mantuviera intacto el directorio de la entidad, lo que derivó en acusaciones del macrismo de actuar “sin imparcialidad y sin objetividad”.

Las intenciones del gobierno porteño de desregular la obra social llevó a una disputa con las autoridades sindicales. Por el momento, el gremio aseveró que no puede avanzar en una desregulación ya que la ObSBA está con un régimen legal que la inhibe a llevarla a cabo.

La intervención se daría en forma inmediata, ya que SUTECBA anunció, a través de su abogado Andrés Gil Dominguez que presentarán “un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, y hasta que eso se resuelva la situación debe seguir como hasta ahora, sin intervención”.